La Segunda Premisa: la paradoja de la ciudadanía

En congruencia con la primera premisa (el fracaso de los gobiernos), los ciudadanos vivimos en una era donde la frustración, el hastío y la decepción son “pan de cada día”. No hay semana ni mes en que las trapacerías de algún notable personaje de algún aparato gubernamental, no nos receten una nueva desilusión. Cuando no es un escándalo de propiedades, lo es de negocios ilícitos, de tráfico de influencias, de malversación de fondos, de desviación de recursos…

Entre la vida pública y los episodios personales de los personajes de la semana, confirmamos que el ejercicio del poder a cualquier nivel se ha trocado en un negocio de lucro y beneficio personal. Desde la conformación de partidos, la elección de figuras públicas a posiciones de elección popular, las negociaciones para ganar privilegios, hasta verdaderos crímenes con orquestamiento, o cuando menos acompañamiento de funcionarios, congresistas y/o juzgadores. Detrás de la mayor parte de los crímenes y delitos, tarde o temprano aparece un miembro de la administración pública, de mayor o menor nivel, pero eso si, siempre bajo el manto protector de un fuero constitucional o una posición de inmunidad, que de una u otra manera les brinda impunidad y apoyo.

En México, el volumen de la población que labora a cualquier nivel en la administración pública, está por arriba del medio millón de personas. En este segmento de “actividad económica” se gestionan abundantes presupuestos de los que se dan cuentas a medias (especialmente en el nivel estatal y municipal), en medio de una parcial opacidad y erogando pagos de manera discrecional y, muchas veces abusiva.

Maestros que no enseñan y atentan contra los derechos de los ciudadanos, ni imparten lecciones de civismo ejemplar a nuestros hijos. Cuerpos policiacos de los cuales debemos cuidarnos, pagando servicios de seguridad privados (algunos de estos coludidos con los mismos “protectores de la sociedad”). Jueces que no imparten justicia o inclinan sus decisiones en contra de los intereses de la ciudadanía (no sabemos con exactitud a cambio de qué o de cuánto). Ministerios públicos que no investigan o integran investigaciones de manera amañada o inefectiva. Legisladores que no nos representan y si en cambio, negocian con los miembros de diferentes “factores de poder” (iglesia, empresariado, medios de comunicación, sindicatos y un largo etcétera). Funcionarios públicos de mediano y alto nivel, quienes bordan historias de escándalo con sus vergonzosas vidas personales, siempre a cuenta del erario y el contribuyente cautivo. Autoridades estatales y municipales que cuando no son cómplices del hampa, son sus socios mismos, cediendo el control de las decisiones en materia de seguridad y ejercicio presupuestal de obra pública.

A lo más, la clase gobernante y el resto de la administración pública (en la que sobresalen por su corrupción buena cantidad de inspectores, empleados de “ventanilla” y algunos más que hacen su luchita), llegará en su totalidad alrededor de medio millón de “trabajadores”. A este sector de la población económicamente activa (P.E.A.) y muy puntualmente a los niveles de mando, es a quienes hemos encargado las decisiones y acciones que materializan nuestros derechos fundamentales. Este numerosísimo cuerpo de “servidores públicos”, sin embargo, al lado de la población total de nuestro país (más de 113 millones de habitantes en 2014 [INEGI]), son una raquítica minoría en comparación de los quienes somos los supuestos “beneficiarios” de esa clase quien integra la administración pública (de entre quienes son pocos, pero muy honrosos, los casos que de esta condición se libran).

De esta capa de la sociedad emana la tan renombrada “clase política”, motivo de la vergüenza de nuestra sociedad, protagonista de las muchas y muy penosas historias que llenan las planas de los periódicos de todos los días y que para la opinión pública (amén de la opinión publicada) y la ciudadanía, son motivo de vergüenza y desprecio.

Esa deplorable “clase política” es, increíblemente, a quien le hemos endilgado la solución de muchos de nuestros problemas y de quien esperamos el cambio que proyecte a nuestro país a grandes niveles, tanto en lo local como en lo internacional.

Esperamos mucho de quienes no parecen poder nada o, apenas muy poco, como dice la primera premisa, por ineptitud, por deshonestidad corrupta, o por lo minúsculo de los beneficios que aporta.

Esperamos todo de aquellos que han mostrado que no han logrado aportar nada. A ellos les reclamamos y exigimos transparencia, solución, rectificación y la solución de tanta corrupción.

Día con día reclamamos que aquellos a quienes repudiamos, sean los mismos que nos aporten las soluciones; a quienes reprobamos por su corrupción o incapacidad, les exigimos que eliminen la corrupción y actúen como si tuvieran aptitud para el buen gobierno.

Una entera contradicción. Una incongruente exigencia que, a coro, planteamos los Ciudadanos.

Esa, penosamente, es la paradoja de la ciudadanía.